Gina Paola Rodriguez.
Desde tiempos de su campaña, la administración Uribe se mostró como la abanderada de la lucha contra la corrupción y la politiquería. Los puntos 24 y 25 del Manifiesto Democrático de Álvaro Uribe anunciaban el tratamiento de la corrupción como un problema de Estado que sería entendido “no solamente como saqueo del erario, sino también como un fenómeno asociado a aquellas decisiones públicas que no consultan el interés general, para favorecer intereses personales o de grupo.” [1]
Hoy sin embargo, los índices de corrupción en los entes centrales continúan en ascenso sin que la estrategia presidencial logre mermarlos. Un informe de Transparencia por Colombia presenta un análisis de riesgos de corrupción por incidencia indebida de grupos de presión y de otras ramas del poder público. En el caso del Congreso, el informe señala las siguientes patologías:
“La alta discrecionalidad del presidente del Congreso para designar los ponentes, la excesiva personalización de las iniciativas (inexistencia de bancadas), introducción de artículos que rompen con la unidad de materia (micos), presencia activa en la discusión de congresistas a quienes se les ha aceptado el impedimento, toma de decisiones basadas en el colegaje por encima de la argumentación y de la conveniencia pública, manipulación para disolver el quórum y entorpecer el desarrollo de los debates”[2]
En adición, el llamado uribista a la meritocracia ha quedado en silencio. La idea de acceder a la función pública por meritos y no por las relaciones de clientela se desfiguró con el nombramiento de familiares de congresistas proclives a la reelección en las embajadas y consulados y la entrega de múltiples favores y prebendas por parte del gobierno a fin de asegurar la aprobación de sus proyectos en el Congreso.
Esto sin hablar de una nueva modalidad de corrupción consistente en la apropiación de lo público para la captura de rentas para la guerra. Según el Observatorio de Derechos y Conflicto Urbano del Instituto Popular de Capacitación, IPC, esta forma de corrupción ha asumido cuatro principales manifestaciones durante la administración Uribe:
“i) La apropiación de cuatro millones de hectáreas de tierra (Uribe 2004), ii) la captura de las rentas de la salud mediante el control de las aseguradoras del Régimen Subsidiado, iii) La captura de las rentas de los juegos de azar y iv) la corrupción en el Acto Legislativo Nº 2 de 2004 mediante el cual se daba trámite a la reforma constitucional para la reelección presidencial inmediata.”[3]
Esta última, una forma de corrupción en la que se abusó de la estrategia del lobby y de otras presiones indebidas para lograr el éxito de la propuesta reeleccionista. Cabe contar dentro de las diversas presiones ejercidas, la descalificación operada por el presidente Uribe en los medios de comunicación contra aquellas personas que denunciaron el tráfico de influencias en el legislativo; su oferta de inversión presupuestal en las regiones como recurso para influir en las plenarias del congreso; el reparto de cargos del cuerpo diplomático entre familiares de los congresistas y la distribución de obras de red vial en las regiones pro-uribistas.
Ahora bien, entrados en una lógica de la Real Politik podríamos conceder al presidente su habilidad para lograr mayorías en el Congreso y consolidar una fuerza contundente al interior del legislativo. Pero, es el uribismo un movimiento organizado y coherente? y más aún, representativo del interés nacional? Al parecer, ni siquiera el mismo Uribe tiene total certeza sobre el futuro de su movimiento, compuesto las mas de las veces por tránsfugas de los partidos tradicionales que vieron en la nueva fuerza la mejor oportunidad para extraer rédito de sus cacicazgos regionales. En este sentido, las elites políticas tradicionales han sabido incorporarse a la corriente uribista sin operar ningún cambio sustancial en su forma de hacer política más allá del apoyo (siempre condicional e interesado) a la figura presidencial.
Hoy sin embargo, los índices de corrupción en los entes centrales continúan en ascenso sin que la estrategia presidencial logre mermarlos. Un informe de Transparencia por Colombia presenta un análisis de riesgos de corrupción por incidencia indebida de grupos de presión y de otras ramas del poder público. En el caso del Congreso, el informe señala las siguientes patologías:
“La alta discrecionalidad del presidente del Congreso para designar los ponentes, la excesiva personalización de las iniciativas (inexistencia de bancadas), introducción de artículos que rompen con la unidad de materia (micos), presencia activa en la discusión de congresistas a quienes se les ha aceptado el impedimento, toma de decisiones basadas en el colegaje por encima de la argumentación y de la conveniencia pública, manipulación para disolver el quórum y entorpecer el desarrollo de los debates”[2]
En adición, el llamado uribista a la meritocracia ha quedado en silencio. La idea de acceder a la función pública por meritos y no por las relaciones de clientela se desfiguró con el nombramiento de familiares de congresistas proclives a la reelección en las embajadas y consulados y la entrega de múltiples favores y prebendas por parte del gobierno a fin de asegurar la aprobación de sus proyectos en el Congreso.
Esto sin hablar de una nueva modalidad de corrupción consistente en la apropiación de lo público para la captura de rentas para la guerra. Según el Observatorio de Derechos y Conflicto Urbano del Instituto Popular de Capacitación, IPC, esta forma de corrupción ha asumido cuatro principales manifestaciones durante la administración Uribe:
“i) La apropiación de cuatro millones de hectáreas de tierra (Uribe 2004), ii) la captura de las rentas de la salud mediante el control de las aseguradoras del Régimen Subsidiado, iii) La captura de las rentas de los juegos de azar y iv) la corrupción en el Acto Legislativo Nº 2 de 2004 mediante el cual se daba trámite a la reforma constitucional para la reelección presidencial inmediata.”[3]
Esta última, una forma de corrupción en la que se abusó de la estrategia del lobby y de otras presiones indebidas para lograr el éxito de la propuesta reeleccionista. Cabe contar dentro de las diversas presiones ejercidas, la descalificación operada por el presidente Uribe en los medios de comunicación contra aquellas personas que denunciaron el tráfico de influencias en el legislativo; su oferta de inversión presupuestal en las regiones como recurso para influir en las plenarias del congreso; el reparto de cargos del cuerpo diplomático entre familiares de los congresistas y la distribución de obras de red vial en las regiones pro-uribistas.
Ahora bien, entrados en una lógica de la Real Politik podríamos conceder al presidente su habilidad para lograr mayorías en el Congreso y consolidar una fuerza contundente al interior del legislativo. Pero, es el uribismo un movimiento organizado y coherente? y más aún, representativo del interés nacional? Al parecer, ni siquiera el mismo Uribe tiene total certeza sobre el futuro de su movimiento, compuesto las mas de las veces por tránsfugas de los partidos tradicionales que vieron en la nueva fuerza la mejor oportunidad para extraer rédito de sus cacicazgos regionales. En este sentido, las elites políticas tradicionales han sabido incorporarse a la corriente uribista sin operar ningún cambio sustancial en su forma de hacer política más allá del apoyo (siempre condicional e interesado) a la figura presidencial.
Hoy, Colombia Democrática, partido liderado por el senador Mario Uribe, primo del Primer mandatario, es uno de los cuatro movimientos que se proclaman ‘ungidos’ por éste y que buscaron en las pasadas elecciones legislativas recoger el voto de todos aquellos colombianos que más que un partido comparten las ideas propuestas por el presidente.
Tal es la intención también de Cambio Radical, encabezado por Germán Vargas Lleras; del Partido de Unidad Nacional, dirigido por Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, y del Movimiento Alternativa de Avanzada Social –Alas–, de Álvaro Araújo y Luis Élmer Arenas, entre otros. En estos momentos hay que incluir también en la lista a Colombia Viva, que preside el senador Jorge Enrique Merlano y recoge a los senadores otrora acusados de nexos con el paramilitarismo.
Aunque todos estos partidos dicen seguir la misma línea, y reconocen en el Partido Liberal y el Polo Democrático a sus enemigos políticos, lo cierto es que existe una fuerte disputa entre ellos por convertirse en el “preferido’” y primer aliado del Gobierno en el Congreso, y disfrutar de la respectiva porción de la torta burocrática. Los vientos de la disputa están así al acecho en un uribismo que no deja de ser un entramado de alianzas coyunturales e inestables en la pugna por el reparto burocrático. El más reciente altercado del presidente con Germán Vargas Lleras y su llamado a las huestes paramilitares en el Congreso como único medio de formalizar una mayoría legislativa, son muestras fehacientes de la debilidad y falta de proyección inherentes al movimiento uribista.
[1] Ley 812 de 2003, Plan Nacional de Desarrollo.
[2] Transparencia por Colombia. Riesgos de incidencia indebida de intereses particulares en la formación de las leyes. Bogotá, 2005. Versión electrónica disponible en http://www.transparenciacolombia.org.co
[3] Observatorio de Derechos y Conflicto Urbano Instituto Popular de Capacitación, IPC. “Corrupción: nos seguimos rajando”, en Más allá del Embrujo. Tercer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Septiembre de 2005, p.66
