LA CULTURA POLITICA EN TIEMPOS DE URIBE

Las alianzas estratégicas del Gobierno Uribe

Gina Paola Rodriguez.

La lucha contra la corrupción y la politiquería, la eficiencia en la gestión y una rehabilitación securitizada de la democracia fueron algunos de los parangones de la primera campaña presidencial de Uribe. Tales promesas supusieron para muchos la superación de las patologías de la cultura política tradicional y el inicio de una nueva era en la política colombiana: la del uribismo como fuerza contundente y organizada en oposición a los partidos tradicionales, la de la mano fuerte contra el narcoterrorismo frente a las concesiones irrestrictas de los gobiernos anteriores, y la del Estado comunitario frente al ya agonizante Estado social de derecho.

Cuatro años después y en los inicios de su segundo periodo presidencial, conviene hacer una evaluación de estos “cambios” a fin de determinar hasta qué punto Uribe inauguró una nueva forma de hacer política en el país, libre de las antiguas costumbres clientelares y corruptas, o si más bien, lo característico de su gestión es la exacerbación, perfeccionamiento y legitimación de dichas prácticas al interior de nuestro sistema político.

El siguiente apartado tratará de realizar un balance de la cultura política auspiciada por Uribe en los últimos cuatro años a partir de la consideración de tres alianzas o relaciones estratégicas. En primer lugar, la alianza con narcoparamilitarismo. En segunda instancia, la relación con el legislativo y finalmente, el lazo directo y que se pretende establecer con la sociedad civil a partir de la figura del Estado Comunitario.

La alianza narco- paramilitar

En Colombia, el narcotráfico ha logrado insertarse de forma relativamente exitosa en las esferas política y económica. En el primer caso, gracias a la formación de redes de apoyo social, militar y político que le han permitido funcionalizar las estructuras jurídico- políticas de acuerdo a sus necesidades; y en el segundo, gracias a una especial adaptación de las políticas de crecimiento orientado a la exportación, que hacen del narcotráfico una empresa perfilada a la demanda y la internacionalización, con una división del trabajo muy estricta entre diferentes localizaciones, capaz de ajustarse a las dinámicas de la economía global.

La infiltración de la mafia y los grupos armados ilegales en la política no es un fenómeno reciente en nuestro país. Asi por ejemplo, desde los años 80 es conocida la influencia del narcotráfico en las decisiones políticas tanto por la vía de la corrupción de los funcionarios del estado y la financiación de campañas, como por el uso de la amenaza y la violencia efectiva como métodos de presión.. No obstante lo anterior, el escenario actual recubre una serie de características particulares. En primer lugar, el rol de las mafias en la política deja de ser el de una “influencia tras escena” para adquirir un papel protagónico y a todas luces identificable en el panorama nacional. La presencia mafiosa se hace visible en el Congreso y demás ramas del poder público siendo posible señalar con nombre propio los escaños ocupados por la otrora mano invisible.

La presencia paramilitar en el Congreso fue reconocida por el propio Uribe en marzo de 2006 cuando, en vísperas de las elecciones legislativas, expulsó de sus listas a más de doce candidatos por considerar que tenían actuaciones políticas y electorales fraudulentas (cuyas explicaciones no resultaron convincentes), y que además habían sostenido reuniones con reconocidos capos del paramilitarismo. No contento con esto, y en un afán moralizante, Uribe prohibió que se les acogiese en algún partido de la coalición obligando al replanteamiento de sus campañas. Sin embargo, cuatro meses después, en vista de un eventual fracaso en la configuración la mayoría uribista en el nuevo Congreso, Uribe decidió reintegrar a los congresistas expulsados para garantizar la aprobación de su paquete legislativo. A cambio, los congresistas purgados del uribismo tendrán su parte en la torta burocrática y, más importante aún, estarán en posibilidad limpiar su nombre.[1]

Por otro lado, los grandes capos aparecen ahora como voceros de grupos políticos y sectores sociales que demandan la atención y consideración en de la prensa nacional y la opinión pública, dotados de un discurso político e ideológico propio e incluso de una particular sensibilidad social. En este mismo sentido, los proyectos e intereses de las mafias empiezan a circular como parte de la agenda política del país. El interés mafioso deviene interés nacional y por esta vía, logra no solo ocupar el centro del debate, sino también cooptar los recursos políticos, burocráticos y presupuestales de la nación para sus propios fines.

La asimilación y convalidación del paramilitarismo

Señal de lo anteriormente anunciado es la actual negociación del Gobierno Nacional con los paramilitares, la cual revela todo un proceso de asimilación y convalidación de las redes mafiosas en tres perspectivas: una convalidación legal a través de la Ley de Justicia y Paz, una convalidación económica reflejada en la contrarreforma agraria y en la inmersión del dinero ilegal del narcotráfico en los sectores productivos, y una convalidación política evidenciada en la expansión de su esfera de influencia en los órganos de decisión. Tal asimilación ha permitido la inserción de estos grupos ilegales en el marco político-constitucional y el reciclaje y capitalización de su poder militar en poder político.

Sin verdad, sin justicia y sin reparación

Para agosto de 2006, tres años después de iniciada la negociación con los paramilitares, el balance no puede ser peor: no hay verdad, ni justicia ni reparación. En el primer caso, por un sinnúmero de atentados contra la transparencia del proceso que van desde la infiltración de reconocidos narcotraficantes dentro de las filas del paramilitarismo y el camuflaje de sus dineros, actos delictivos y redes mafiosas en las negociaciones de “paz”, hasta la confesión parcial y amañada de los desmovilizados. A esto se suma la actitud cínica de los narcoparamilitares quienes, convencidos de que no merecen entrar a la cárcel ni entregar sus bienes, han conseguido del gobierno nacional un compromiso de no extradición.
Por el lado de la justicia, la situación más crítica se ha hecho patente en los 'micos' de los borradores del decreto reglamentario de la Ley de Justicia y Paz, los cuales garantizan a los paramilitares la conservación de bienes ilícitos y la evasión de tiempo de cárcel, a la vez que minan la posibilidad de que pierdan los beneficios jurídicos si no confiesan la totalidad de sus crímenes, y hace casi imposible su extradición.[2]

Así las cosas, la desmovilización del paramilitarismo afronta serios retos. En primer lugar, la clara identificación de los desmovilizados, vistas las numerosas franquicias paramilitares compradas por narcotraficantes que buscan evitar su extradición a Estados Unidos.

A la vez, varios congresistas y analistas aseguran que la ley de "justicia y paz", contiene un "narco mico", es decir, una fisura legal que facilita que los narcotraficantes se presenten como paramilitares y obtengan los beneficios que busca la ley para los combatientes que se desmovilicen. De no seguir las recomendaciones de la Corte Constitucional, la ley tendria la posibilidad de incluir al paramilitarismo como un delito político y gozar de los beneficios como rebaja de penas e indulto, lo que podría llevar a tomar al narcotráfico como delito conexo al paramilitarismo. En este sentido, resulta fundamental la discusión tendiente a definir qué es un delito político, de manera que al hacerlo conexo, al hacer aplicable la ley, no se llegue a la impunidad ni se utilice la definición de delito político para eximirse de pena en virtud del narcotráfico. De la mano de la identificación de los desmovilizados, se encuentra la necesidad de que la ley asegure que los paramilitares confiesen la totalidad de sus crímenes, divulguen información sobre la operación de los grupos y entreguen sus fortunas ilegales.

El segundo desafío es asegurar el futuro de las zonas abandonadas por los paramilitares, frente a dos riesgos inminentes. De un lado, la persistencia de la influencia paramilitar (ahora desmovilizada) y de otro, la ocupación por parte de las FARC aprovechando el vacío institucional. El tercero se refiere al futuro de los desmovilizados. En este punto resulta fundamental tomar con precaución propuestas como la de involucrarlos en el Ejército. Por otra parte, ya se han hecho evidentes las deficiencias del programa de reinserción del gobierno a la hora de reincorporarlos a la vida civil sin que esto redunde en una absoluta impunidad ni en el retorno de los desmovilizados a la vida criminal.

El cuarto desafío, y quizá el más complejo, es el desmonte definitivo del paramilitarismo, más allá de la desmovilización simbólica de los ejércitos. Como ha sido demostrado por diversas investigaciones, los miembros de las AUC han penetrado la política nacional y regional y la economía legal e ilegal.[3] Gran parte de los defectos de la ley de Justicia y Paz, consisten en el mantenimiento del poder económico y político de los paramilitares. De ahí que resulte preponderante un tipo de desmovilización que garantice el desmantelamiento definitivo del poder y estructura criminal de estos grupos, a partir de medidas como el hallazgo y confiscación de sus fortunas, la investigación de sus fuentes de financiamiento y el castigo de delitos como la extorsión y el soborno.

Tanto la ostentación de los paramilitares como la dilación para acogerse a la Ley y las aun mas grandes dificultades para la obtención de la verdad y la reparación, han demostrado la debilidad del gobierno Uribe para llevar las riendas de la negociación, al punto que el mismo mandatario se ha visto obligado a desplegar toda una campaña mediática para devolver la credibilidad nacional e internacional al proceso. Esta incluyó un comunicado exigiendo la entrega y reclusión de los paramilitares en el ya tan famoso tono patriarcal del presidente, y una holliwoodesca serie de operativos de captura de los líderes paramilitares por parte de las autoridades. Al día siguiente de tan enérgico llamado al orden, el Gobierno Nacional concedió el status de líder de las AUC a un reconocido narcotraficante solicitado en extradición, haciendo gala de la política del garrote y la zanahoria que ha caracterizado el tire y afloje con los paramilitares desde el 2003. Así, el gobierno que se precia de saber imponer la autoridad, se ha visto abocado una vez más a una situación de debilidad insostenible.

[1] Sobre este tema véase el artículo “¿Cuánto cuesta el apoyo de los purgados?”, en Semana.com. Martes 25 de julio. Disponible en: http://www.semana.com/wf_InfoArticuloNormal.aspx?IdArt=96103

[2] Ver: “Paramilitares: Un paso adelante, dos atrás”, en Revista Semana Edición de 14 al 21 de agosto de 2006. Versión electrónica disponible en http://portal2.semana.com/wf_InfoArticuloNormal.aspx?IdArt=96546

[3] Sobre éste punto véase la investigación de Gustavo Duncan, investigador del CEDE de la Universidad de los Andes titulada Los señores de la Guerra. Documento Cede, Universidad de los Andes. ENERO DE 2005. Edición electrónica http://economia.uniandes.edu.co/~economia/archivos/temporal/d2005-02.pdf. Consultado el 12 de Octubre de 2005. Ver también: El poder paramilitar, Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia, 2005.

Uribe y las relaciones con el legislativo: Politiquería, transfuguismo y clientela.

Gina Paola Rodriguez.

Desde tiempos de su campaña, la administración Uribe se mostró como la abanderada de la lucha contra la corrupción y la politiquería. Los puntos 24 y 25 del Manifiesto Democrático de Álvaro Uribe anunciaban el tratamiento de la corrupción como un problema de Estado que sería entendido “no solamente como saqueo del erario, sino también como un fenómeno asociado a aquellas decisiones públicas que no consultan el interés general, para favorecer intereses personales o de grupo.” [1]

Hoy sin embargo, los índices de corrupción en los entes centrales continúan en ascenso sin que la estrategia presidencial logre mermarlos. Un informe de Transparencia por Colombia presenta un análisis de riesgos de corrupción por incidencia indebida de grupos de presión y de otras ramas del poder público. En el caso del Congreso, el informe señala las siguientes patologías:

“La alta discrecionalidad del presidente del Congreso para designar los ponentes, la excesiva personalización de las iniciativas (inexistencia de bancadas), introducción de artículos que rompen con la unidad de materia (micos), presencia activa en la discusión de congresistas a quienes se les ha aceptado el impedimento, toma de decisiones basadas en el colegaje por encima de la argumentación y de la conveniencia pública, manipulación para disolver el quórum y entorpecer el desarrollo de los debates”[2]

En adición, el llamado uribista a la meritocracia ha quedado en silencio. La idea de acceder a la función pública por meritos y no por las relaciones de clientela se desfiguró con el nombramiento de familiares de congresistas proclives a la reelección en las embajadas y consulados y la entrega de múltiples favores y prebendas por parte del gobierno a fin de asegurar la aprobación de sus proyectos en el Congreso.

Esto sin hablar de una nueva modalidad de corrupción consistente en la apropiación de lo público para la captura de rentas para la guerra. Según el Observatorio de Derechos y Conflicto Urbano del Instituto Popular de Capacitación, IPC, esta forma de corrupción ha asumido cuatro principales manifestaciones durante la administración Uribe:

“i) La apropiación de cuatro millones de hectáreas de tierra (Uribe 2004), ii) la captura de las rentas de la salud mediante el control de las aseguradoras del Régimen Subsidiado, iii) La captura de las rentas de los juegos de azar y iv) la corrupción en el Acto Legislativo Nº 2 de 2004 mediante el cual se daba trámite a la reforma constitucional para la reelección presidencial inmediata.”[3]

Esta última, una forma de corrupción en la que se abusó de la estrategia del lobby y de otras presiones indebidas para lograr el éxito de la propuesta reeleccionista. Cabe contar dentro de las diversas presiones ejercidas, la descalificación operada por el presidente Uribe en los medios de comunicación contra aquellas personas que denunciaron el tráfico de influencias en el legislativo; su oferta de inversión presupuestal en las regiones como recurso para influir en las plenarias del congreso; el reparto de cargos del cuerpo diplomático entre familiares de los congresistas y la distribución de obras de red vial en las regiones pro-uribistas.

Ahora bien, entrados en una lógica de la Real Politik podríamos conceder al presidente su habilidad para lograr mayorías en el Congreso y consolidar una fuerza contundente al interior del legislativo. Pero, es el uribismo un movimiento organizado y coherente? y más aún, representativo del interés nacional? Al parecer, ni siquiera el mismo Uribe tiene total certeza sobre el futuro de su movimiento, compuesto las mas de las veces por tránsfugas de los partidos tradicionales que vieron en la nueva fuerza la mejor oportunidad para extraer rédito de sus cacicazgos regionales. En este sentido, las elites políticas tradicionales han sabido incorporarse a la corriente uribista sin operar ningún cambio sustancial en su forma de hacer política más allá del apoyo (siempre condicional e interesado) a la figura presidencial.

Hoy, Colombia Democrática, partido liderado por el senador Mario Uribe, primo del Primer mandatario, es uno de los cuatro movimientos que se proclaman ‘ungidos’ por éste y que buscaron en las pasadas elecciones legislativas recoger el voto de todos aquellos colombianos que más que un partido comparten las ideas propuestas por el presidente.

Tal es la intención también de Cambio Radical, encabezado por Germán Vargas Lleras; del Partido de Unidad Nacional, dirigido por Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, y del Movimiento Alternativa de Avanzada Social –Alas–, de Álvaro Araújo y Luis Élmer Arenas, entre otros. En estos momentos hay que incluir también en la lista a Colombia Viva, que preside el senador Jorge Enrique Merlano y recoge a los senadores otrora acusados de nexos con el paramilitarismo.

Aunque todos estos partidos dicen seguir la misma línea, y reconocen en el Partido Liberal y el Polo Democrático a sus enemigos políticos, lo cierto es que existe una fuerte disputa entre ellos por convertirse en el “preferido’” y primer aliado del Gobierno en el Congreso, y disfrutar de la respectiva porción de la torta burocrática. Los vientos de la disputa están así al acecho en un uribismo que no deja de ser un entramado de alianzas coyunturales e inestables en la pugna por el reparto burocrático. El más reciente altercado del presidente con Germán Vargas Lleras y su llamado a las huestes paramilitares en el Congreso como único medio de formalizar una mayoría legislativa, son muestras fehacientes de la debilidad y falta de proyección inherentes al movimiento uribista.

[1] Ley 812 de 2003, Plan Nacional de Desarrollo.

[2] Transparencia por Colombia. Riesgos de incidencia indebida de intereses particulares en la formación de las leyes. Bogotá, 2005. Versión electrónica disponible en http://www.transparenciacolombia.org.co


[3] Observatorio de Derechos y Conflicto Urbano Instituto Popular de Capacitación, IPC. “Corrupción: nos seguimos rajando”, en Más allá del Embrujo. Tercer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Septiembre de 2005, p.66

Uribe y su relación con la sociedad civil: Neopopulismo y Estado comunitario

Gina Paola Rodriguez.

Tras las transiciones a la democracia en los años 80, los países de América Latina han sufrido procesos como la implementación de reformas de ajuste estructural y demás medidas de corte neoliberal en economía, y la aparición de gobiernos que se presentan como opuestos a los partidos tradicionales y que buscan el establecimiento de un tipo de democracia refrendataria y directa en política. Tal fenómeno ha sido definido por numerosos analistas como neopopulismo e identificado con regímenes como el Fujimorismo en Perú y el Nemenismo en Argentina[1]. El común denominador a dichas experiencias es un tipo particular de liderazgo político que, a grandes rasgos, se caracteriza por tres elementos:un discurso crítico hacia las élites establecidas; el uso de técnicas avanzadas de ingeniería política (encuestas, focus group, etc.); la preponderancia de una mediación entre líder y masas a través de los medios de comunicación de masas (preferentemente, la televisión).

Adicionalmente, el neopopulismo opera una desarticulación de las relaciones entre partidos políticos y ciudadanía, abriendo un espacio para la generación de nuevos tipos de liderazgo (los outsiders). Aunque existen experiencias muy variadas a lo largo de América Latina, es posible identificar algunas características generales.

En primer lugar, una tendencia de los líderes a responsabilizar de los problemas sociales a la mala gestión de las elites establecidas en el poder y el empleo de figuras dicotómicas del tipo amigo/enemigo (como, por ejemplo, pueblo versus elite, pobre versus rico o indio versus blanco). Segundo, la valoración del emprendimiento personal sobre las formas de organización colectiva, evento que facilita una relación sin mediación entre el líder y las masas y hace prescindible el apoyo partidario. Por último, un incremento insospechado de relación mediática propia del populismo clásico, pero que recurre ahora a nuevas técnicas de marketing y de teatralización, de modo que el liderazgo personal carismático y los mensajes televisivos adquieren una mayor trascendencia[2].

En Colombia la transición al modelo neoliberal tiene lugar en el Gobierno de Cesar Gaviria, cuando en materia económica se abren paso el libre movimiento de capitales, la apertura económica, el desmonte de las funciones socioeconómicas del Estado y la obsesión por el equilibrio fiscal, y en política tienen lugar la extinción de las instancias de intermediación entre el Estado y la sociedad civil, en aras de una democracia directa llamada a moralizar el ejercicio de la política. Sin embargo, la aparición de rasgos de corte neopopulista en la cultura política es un fenómeno más claramente visible en tiempos de Uribe Vélez. Tal es la tesis sostenida por autores como Cristina de la Torre para quien:

“Uribe representa con singular fidelidad la más reciente tendencia del populismo latinoamericano. Modalidad que se afirma, por un lado, sobre la democracia refrendataria, en cuyo auxilio acude el poder de los medios de información. La inclinación plebiscitaria de esta democracia participativa y directa se advierte en el referendo de 2003, en los consejos comunales de gobierno que el presidente encabeza cada semana y en la campaña por la reelección.”[3]

Según la misma autora,

“ … el neopopulismo adopta un modelo económico que, a diferencia del populismo redistributivo clásico, desindustrializa y concentra el ingreso cada día más, (…) mientras que en política, desdeña las instituciones de la democracia contemporánea, presume de antipolítico y busca nuevos escenarios de participación y decisión (…). Como gobierno «de opinión», el neopopulismo amasa su caudal electoral en la crítica del Estado social, de las fuerzas organizadas de la sociedad, de los órganos de representación popular y de la clase política. Los partidos se ven desplazados por liderazgos fabricados en los medios de comunicación. Por caudillos providenciales, sin ideología, manufacturados cuidadosamente por el marketing mediático, que crea la ilusión de una relación más directa y diáfana con la ciudadanía. Es la hora de las cruzadas moralizantes contra la corrupción y la politiquería, novel formato de la campaña de las elites tradicionales contra el clientelismo.”[4]

Uribe parece reunir las condiciones descritas por Torres: apelación constante a la autoridad como respuesta a la crisis, carácter arbitario, parcial y excluyente de sus políticas, recurrencia a métodos plebiscitarios (referendo), definición de la política en términos amigo- enemigo, supresión de derechos y libertades constitucionales por razones “excepcionales” (estatuto antiterrorista), etc. En general, la política de gobierno se presenta como un instrumento que busca superar la ‘forma incorrecta’ de hacer política por medio de la implementación de la ‘forma correcta’ de ejercerla. El gobierno se autosimboliza como el ‘padre educador’ que busca inculcar en el pueblo y sus dirigentes la ‘forma virtuosa’ de hacer política. Con ello se afianzan en la cultura política colombiana sus sesgos premodernos y de allí que expresamente defienda, como núcleo básico, un espectro de valores tradicionales (en gran parte de origen antioqueño) con el que se quiere que se identifique la “nación”, esa que nunca ha logrado consolidarse en nuestro país.

Pero más significativo que lo anterior es la identificación que se busca entre Estado y sociedad cuya separación fue una conquista de la modernidad. Los consejos comunitarios, y demás actos de microgestión presidencial desmontan el papel y valor de las instituciones encargadas de mediar entre el Estado y las comunidades, manipulando y concentrando el poder y haciendo inminente la tentación autoritaria. Esta última adquiere forma no solo en la política de seguridad democrática sino también en iniciativas conservadoras que persiguen el cierre y privatización del sistema político y los canales de participación y defensa ciudadanas tales como la reforma de la justicia, que solo busca una supeditación de los poderes públicos al ejecutivo y una supresión de los derechos sociales y económicos de la población.

La apelación constante a la patria es solo una señal del parentesco entre el neopopulismo de Uribe y un republicanismo cívico que exalta el valor de la comunidad política aun por encima de los derechos individuales. El paso a seguir en este lenguaje es la encarnación del interés comunitario en la figura del líder político cuyo carisma e impacto mediáticos suplantan a las ideas y programas. El neopopulismo se aparta así de las instancias mediadoras del constitucionalismo liberal y de los órganos de representación popular y deviene abanderado de las luchas contra la corrupción y la politiquería proponiendo un desmonte del Estado social.

La consecuencia no es mas que una concentración y personalización del poder político, producto del debilitamiento de las instituciones de la democracia representativa y la subordinación del poder judicial, cuyo correlato en el sistema económico es una reconcentración del ingreso auspiciada por la perdida de dinamismo del Estado en aras de la participación directa de la ciudadanía en el control de las políticas públicas.

El estado comunitario, esa relación tête a tête entre caudillo y pueblo, va más allá del contacto directo con las gentes para hacerse efectivo en el recurso intensivo a los medios masivos de comunicación. La transmisión de la jornada de trabajo presidencial en las más diversas latitudes de la nación emula un reality en el que se muestra el lado trabajador, incansable y justiciero del jefe del ejecutivo, nada más cercano a las preferencias de un pueblo farandulero que gusta de ver a sus dirigentes por la misma pantalla que a sus protagonistas de telenovela.

[1] Un excelente artículo sobre el caso argentino es el de Marcos Novaro titulado “Crisis de representación, neopopulismo y consolidación democrática” publicado en la Revista Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Una versión electrónica puede consultarse en http://www.politica.com.ar/Filosofia_politica/Nuevos%20Filopol/novaro_rep_pilotos.html
[2] Para un mayor analisis del fenómeno neopopulista véanse: Kurt Weyland Neopopulism and Neoliberalism in Latin America: Unexpected Affinities. Studies in Comparative International Development, 1996; Jolle Demers (Ed.): Miraculous Metamorphoses: The neoliberalization of Latin American Populism. New York, ZED 2001 y Nikolaus Werz. Populismus. Populisten in Übersee und Europa. Opladen, Leske Budrich, 2003.

[3] DE LA TORRE, Cristina. “Álvaro Uribe: Neopopulista”, en Revista Número Vol. 44. Versión electrónica disponible en: http://www.revistanumero.com/44/uribe.htm. Consultar de la misma autora, Uribe o el neopopulismo en Colombia, Bogotá: Editorial Carreta, 2005.


[4] Ibíd..,